TUTELA JUDICIAL EFECTIVA

Seis de cada diez españoles no confía en la justicia. Prefiere acudir a otros procedimientos o alcanzar malos acuerdos antes de someterse a un señor/a con puñetas.

El dato es superior a la media de la Unión Europea, donde cuatro de cada diez ciudadanos no confía en la Justicia de su país. Si el 91% no quiere acudir a la justicia nada más que en caso de extrema necesidad por algo será. Pues si, por una parte, está el genérico de desconfianza en las instituciones, a cuyo mando se encuentra la clase política que a donde no llega manda recado. Por otra, dentro del contexto concreto, el ciudadano debe masticar  sentencias tardías que muchas veces carecen de un razonamiento lógico.

La justicia, como alguien ha dicho, es esa Diva a la que se adora, se consiente, se alimenta, y, por supuesto, se teme. Y se encuentra en horas bajas. Quizá el paso de los años le está pasando factura.

Cierto que del cuerpo judicial no puede hacerse tabla rasa. Existen jueces muy profesionales que, errando o no, se curran los asuntos. Sin embargo, basta un juez incompetente para que la confianza decrezca.

Y claro está, el Consejo General del Poder Judicial obvia cualquier medida que suponga incentivar el trabajo, y no puede entrar en fundamentaciones concretas por cuanto un Juez es independiente y como tal interpreta la ley según su buen saber y entender.

El artículo 24 de nuestra Constitución establece que “Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión”, en el marco de un proceso “con todas las garantías”.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos es aún más explícita al establecer que “Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal”.

Sin embargo, estas declaraciones no dejan de ser un juicio de intenciones, pues la justicia de este país se rige por las claves del siglo XIX para resolver problemas del XXI. De ahí que los jueces no lleguen a documentarse lo suficiente a la hora de resolver los asuntos, ni siquiera en ocasiones se los han leído completamente.

Se carece de tiempo. Tiempo para celebrar, tiempo para tramitar y tiempo para resolver. Por ello, lo más apremiante en un juzgado es no atascarse y despachar papel. ¡Y en esas andamos!

Y así esta nuestra Justicia. Fenomenal. Y si con la crisis no ha llegado a desmantelarse esta Administración ha sido por cuestiones de orden público y a base de imponer tasas y depósitos que han servido para reducir el servicio, que no por ello ha sido mejor, sino incluso más  precario y defectuoso.

Se ha dicho que el ciudadano corriente ha cogido el vicio de acudir a los juzgados. Se ha dicho que los jueces están politizados y se ha dicho que carecen de imparcialidad.

Sin embargo, estos pareceres no revelan  sino un gran desconocimiento del funcionamiento de base de un juzgado, dirigido por un juez de cabecera que en la mayoría de los casos trabaja sin dar abasto. Eso sí, hay que quien trabaja con rigor y quien lo hace para despachar asuntos, sin conciencia alguna de que la decisión sobre lo ajeno excede con mucho del criterio de ser mejor o peor funcionario.

En definitiva, no cabe duda de que existe una erosión del derecho a la tutela judicial efectiva, y los poderes públicos no solo se han mostrado inactivos, sino que incluso han ido en sentido contrario al que cabría esperar; buen ejemplo de ello ha sido la reforma de la ley de justicia gratuita que dejará a miles de españoles sin acceso a un juzgado. Alguien debería tomar cartas en el asunto, porque la desconfianza no solo es un riesgo para la estabilidad de las instituciones sino que lo es para los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas.

Emma González